Abelardo ordena investigar denuncias sobre presunta entrega de territorios al Clan del Golfo durante el gobierno saliente
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ordenó iniciar una revisión de las denuncias que señalan una supuesta entrega de territorios al Clan del Golfo por parte de funcionarios del gobierno saliente. La investigación estará a cargo del Comité de Empalme Anticorrupción, que deberá recopilar información y determinar si existen elementos que justifiquen acciones ante las autoridades.
La transición hacia el nuevo gobierno comenzó con el anuncio de una investigación sobre las denuncias que vinculan a funcionarios del gobierno saliente con una presunta entrega de territorios al Clan del Golfo. El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, informó que ordenó al Comité de Empalme Anticorrupción recopilar toda la información disponible sobre las denuncias, con el fin de establecer si existieron actuaciones irregulares que comprometieran la seguridad del Estado.
El anuncio se produce luego de que surgieran señalamientos sobre supuestos acuerdos entre funcionarios del Gobierno y esa organización criminal. Frente a esas versiones, De La Espriella afirmó que su administración adelantará las verificaciones correspondientes y reiteró que cualquier conducta que haya favorecido a estructuras ilegales deberá ser investigada con independencia y respeto por el debido proceso. “Nadie estará por encima de la ley”, aseguró el mandatario electo.
Según explicó, el objetivo será determinar si existieron decisiones o actuaciones que facilitaran el control de territorios del grupo armado ilegal. Además, indicó que, en caso de encontrarse elementos que respalden las denuncias, estos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales que correspondan.
Hasta el momento, las denuncias sobre la entrega de territorios continúan en etapa de verificación y no existe una decisión judicial que confirme los hechos o establezca responsabilidades. El proceso anunciado por el presidente electo buscará esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo actuaciones contrarias a la ley por parte de servidores públicos.