Congreso aprueba ley que busca acabar con la mutil@ción genit@l femenina
El Congreso de la República aprobó este miércoles la ley que busca prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina (MGF) en Colombia, una práctica que aún afecta principalmente a niñas indígenas y que durante años fue objeto de reclamos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y lideresas comunitarias.
La iniciativa superó su último debate en el Senado a pocos días de finalizar la legislatura, evitando que el proyecto se archivara por falta de trámite. Con esta decisión, el país avanza hacia la creación de una política específica para enfrentar una práctica considerada por organismos internacionales como una grave vulneración de los derechos de las niñas y las mujeres.
La nueva norma contempla acciones de prevención, sensibilización, atención integral a las víctimas y articulación entre entidades del Estado y las comunidades. La ley define la mutilación genital femenina como cualquier procedimiento que implique la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos o lesiones en estos órganos por razones no médicas.
De acuerdo con cifras citadas por las organizaciones impulsoras del proyecto, entre 2020 y 2025 se registraron 204 casos de ablación en Colombia, de los cuales 177 correspondieron a niñas indígenas, principalmente en los departamentos de Risaralda y Chocó. Estos datos fueron determinantes para impulsar la aprobación de la iniciativa.
La decisión fue celebrada por colectivos de derechos humanos que semanas atrás habían advertido sobre el riesgo de que el proyecto se hundiera. Incluso, catorce organizaciones enviaron una carta al Senado solicitando acelerar su discusión para evitar la pérdida de un avance legislativo que calificaron como histórico para la protección de las niñas.
Aunque la ley no crea nuevos delitos ni establece sanciones penales adicionales, sí fortalece las estrategias de educación, prevención y acompañamiento comunitario. Con esta aprobación, Colombia se convierte en el primer país de América Latina en contar con una legislación específica sobre mutilación genital femenina. El proyecto pasará ahora a sanción presidencial para convertirse oficialmente en ley.