Un nuevo capítulo de confrontación se abrió entre el Gobierno nacional y el Banco de la República, luego de que el presidente Gustavo Petro lanzara fuertes críticas contra el ente emisor y, simultáneamente, impartiera una orden directa a su ministro del Interior, Armando Benedetti, para agilizar reformas económicas consideradas prioritarias.
A través de sus redes sociales, el jefe de Estado pidió que el Congreso reciba con carácter urgente un paquete de iniciativas orientadas a reducir el déficit fiscal y facilitar el acceso a crédito para sectores productivos como la agricultura, la agroindustria y la economía popular. Según Petro, estas medidas son necesarias ante el actual contexto económico y político, incluyendo decisiones judiciales que podrían afectar reformas estructurales como la pensional.

En su pronunciamiento, el mandatario elevó el tono frente al Banco de la República, cuestionando su enfoque económico y asegurando que responde a corrientes políticas tradicionales. Incluso, afirmó que la entidad “no es el dictador de la economía”, insistiendo en que debe responder a los intereses del pueblo colombiano, como lo establece la Constitución.
Petro también planteó la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo económico que priorice la producción y el bienestar social por encima de políticas centradas únicamente en el control de la inflación. En ese sentido, propuso abrir un “pacto por el trabajo y la producción” con el empresariado, garantizando el respeto a la propiedad privada, pero fortaleciendo la función social de la tierra y la política industrial.

El mandatario, además, lanzó advertencias sobre el manejo de la deuda pública y aseguró que, de persistir ciertas condiciones económicas, su gobierno podría aplicar medidas extraordinarias para proteger el ingreso de los trabajadores.
En paralelo, Petro se refirió al clima político y de seguridad, alertando sobre riesgos para candidatos y mencionando la necesidad de reforzar acciones en regiones específicas del país, lo que motivó la convocatoria de un consejo de seguridad.
Este nuevo enfrentamiento marca un momento clave en la recta final del gobierno, en el que se intensifica el debate sobre el rumbo económico del país y el papel de las instituciones en la toma de decisiones.