Trump amenaza a Irán con destruir centrales eléctricas, expertos analizan esta situación
Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han generado una fuerte preocupación en la comunidad internacional tras advertir que, si Irán no alcanza un acuerdo ni reabre el estrecho de Ormuz, Washington podría intensificar su ofensiva militar hasta “hacer estallar y destruir por completo” plantas eléctricas y pozos petroleros en ese país.
Ante este escenario, expertos en derecho internacional han cuestionado la legalidad de este tipo de acciones, especialmente cuando se dirigen contra infraestructuras energéticas que también sostienen la vida civil.
En declaraciones a CNN, el profesor Craig Jones, de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido, explicó que cualquier ataque debe cumplir dos criterios fundamentales del derecho internacional humanitario: ofrecer una ventaja militar “concreta y directa” y respetar el principio de proporcionalidad. “Parece que, con las amenazas de Trump, no hay una ventaja militar clara”, señaló Jones, sugiriendo que este tipo de acciones podrían interpretarse como represalias, algo que está prohibido por el derecho internacional.
El experto también advirtió que, incluso si existiera un objetivo militar legítimo, los daños a civiles, la infraestructura crítica y el medioambiente deben ser cuidadosamente evaluados antes de cualquier acción. El suministro energético, subrayó, es esencial para el funcionamiento básico de un país y su población.
Organizaciones internacionales han expresado preocupaciones similares. Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Medio Oriente y el norte de África, alertó sobre el riesgo de “daños devastadores” a la población civil derivados de ataques contra instalaciones energéticas. Según Morayef, este tipo de ofensivas podría violar el derecho internacional humanitario y, en ciertos casos, constituir crímenes de guerra.
En la misma línea, Ben Saul, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, condenó tanto las amenazas de Estados Unidos como las de Irán. Saul afirmó que atacar infraestructuras energéticas civiles podría ser considerado directamente como un crimen de guerra bajo el derecho internacional.
Las tensiones en la región continúan en aumento, mientras la comunidad internacional observa con preocupación la posibilidad de una escalada que no solo tendría consecuencias militares, sino también humanitarias de gran magnitud.