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Fiscalía revela que disidencias de las Farc usaron la paz total para delinquir e infiltraron la inteligencia nacional

En entrevista con El Espectador, la fiscal explicó que el material incautado fue verificado y contiene información sensible sobre presuntas relaciones entre integrantes del grupo armado y funcionarios del Estado.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó la veracidad de la información encontrada en los computadores de alias ‘Calarcá’, cabecilla de las disidencias de las Farc, tras cuatro meses de análisis técnico realizado por la Fiscalía. Los hallazgos, obtenidos durante un operativo a mediados de 2024, abrieron nuevas líneas de investigación judicial y generan dudas sobre la continuidad del jefe guerrillero en las mesas de negociación.

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Revelaciones de la Fiscalía sobre las Farc

En entrevista con El Espectador, la fiscal explicó que el material incautado fue verificado y contiene información sensible sobre presuntas relaciones entre integrantes del grupo armado y funcionarios del Estado. Los archivos, que habían sido revelados previamente por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, incluyen correos electrónicos y documentos que evidenciarían posibles filtraciones de información.

Entre los nombres mencionados aparecen el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según la Fiscalía, los documentos sugieren la posible existencia de informantes dentro del Ejército, la Policía y organismos de inteligencia, lo que llevó a abrir una investigación formal contra ambos funcionarios.

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Dirección Nacional de Inteligencia (Colombia) - Wikipedia, la enciclopedia libre

Camargo señaló que estos hallazgos sustentan la solicitud de reactivar la orden de captura contra alias ‘Calarcá’, proceso que será evaluado por las autoridades judiciales. La investigación contra el general Huertas y Wilmar Mejía será adelantada por una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, debido al fuero de los implicados.

El caso reaviva el debate sobre la suspensión de órdenes de captura a jefes de estructuras armadas en procesos de paz, ya que, según las revelaciones, el grupo habría aprovechado este contexto para fortalecerse y continuar con actividades criminales como asesinatos de líderes sociales, reclutamiento de menores y masacres en distintas regiones del país.

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