Denuncian millonaria contratación directa en el Gobierno Petro en plena antesala electoral
Una reciente investigación ha generado indignación y preocupación en el país. Según el informe, el Gobierno habría destinado más de 31 billones de pesos mediante contratos directos con asociaciones público-populares. Esta figura fue creada en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, posteriormente fue tumbada por la Corte Constitucional de Colombia por ir en contra de la transparencia.
El medio reveló que, tras un derecho de petición a Colombia Compra Eficiente, se evidenció el uso de esta modalidad de contratación. En total, se habrían firmado 80.736 contratos con organizaciones como juntas de acción comunal y cabildos indígenas. Estas asociaciones, en muchos casos, representan bases sociales vinculadas al oficialismo. El informe sugiere que esto podría tener implicaciones políticas.
Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente desde sectores críticos del Gobierno. El senador Jorge Enrique Robledo cuestionó duramente el manejo de estos recursos. También hubo pronunciamientos en redes sociales que señalaron posibles prioridades electorales. Algunos comentarios compararon esta cifra con la deuda del sistema de salud, generando mayor controversia.
El informe también detalla que una parte significativa de los contratos aún no ha sido finalizada. De más de 55.000 contratos con asociaciones comunales, solo una fracción aparece como terminada. Situaciones similares se presentan con cabildos, resguardos y consejos comunitarios. Esto ha incrementado las dudas sobre la ejecución y el destino final de los recursos públicos.
