Corte da cinco días al Gobierno para sustentar emergencia económica por ola invernal
El alto tribunal también requirió a los departamentos de Córdoba, Antioquia, Chocó y Sucre presentar informes detallados sobre las afectaciones registradas y las necesidades para superar la emergencia.
La Corte Constitucional le otorgó un plazo de cinco días hábiles al Gobierno Nacional, para presentar pruebas que sustenten la declaratoria de emergencia económica por la ola invernal que afecta a varias regiones del país. La decisión fue adoptada por el magistrado Miguel Polo Rosero, quien estudia la constitucionalidad del decreto y solicitó información adicional sobre los impactos acumulativos y verificables de la crisis climática.
Emergencia económica por ola invernal
El alto tribunal también requirió a los departamentos de Córdoba, Antioquia, Chocó y Sucre presentar informes detallados sobre las afectaciones registradas y las necesidades para superar la emergencia. La información deberá ser remitida dentro del mismo plazo fijado por la Corte.
En respuesta, la Presidencia de la República y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) deberán enviar un documento conjunto en el que enumeren los daños ocasionados por los eventos hidrometeorológicos. Con base en estas pruebas, el magistrado ponente elaborará una ponencia que será analizada por la Sala Plena, instancia que decidirá si el decreto se ajusta o no a la Constitución.
El decreto 0150, firmado el 11 de febrero por el presidente y su gabinete, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica durante 30 días en ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Según cifras oficiales, hasta ese momento se reportaban 252.233 personas damnificadas, 300.000 hectáreas de cultivos y 200.000 de pastoreo afectadas, además de daños en más de 16.000 viviendas y 111 vías.
No obstante, la Contraloría advirtió que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dispone de 1,69 billones de pesos para atender emergencias, además de una reserva cercana a un billón adicional. La decisión final de la Corte podría definir el alcance de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis y apoyar a las familias afectadas.