Polémica por contratos: madre de ministra de Cultura suscribió seis convenios estatales
La polémica rodea nuevamente al Ministerio de las Culturas. Esta vez, el debate no gira en torno a la gestión cultural, sino a los contratos firmados por familiares del entorno más cercano de la ministra Yannai Kadamani, lo que ha desatado fuertes cuestionamientos políticos en el Congreso.
Las alertas fueron encendidas por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien reveló que Alexandra Fonrodona Montoya, madre de la ministra, ha suscrito seis contratos con entidades estatales que en total suman cerca de 600 millones de pesos. Según la denuncia, tres de esos contratos fueron firmados en enero de 2026, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, por un valor conjunto de 313 millones de pesos.
De acuerdo con Pedraza, esos tres convenios habrían elevado los ingresos mensuales de Fonrodona de aproximadamente 12 millones de pesos a más de 26 millones. Los contratos fueron suscritos con entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, lo que amplió el alcance de la controversia.
La congresista también detalló que los vínculos contractuales no serían recientes. En 2023, Fonrodona habría firmado un contrato por 48 millones de pesos; en 2024, uno por 92 millones (un incremento del 52%); y en 2025, tres contratos que sumaron 141.180.590 pesos, lo que representaría un aumento del 65% frente al año anterior.
Ante la creciente polémica, la ministra Kadamani respondió públicamente defendiendo la trayectoria de su madre y rechazando cualquier insinuación de irregularidad. “Hoy mencionan a mi madre como si su trayectoria de liderazgo social estuviera supeditada a mi incipiente servicio público (…) Soy absolutamente responsable y transparente con la relación de mis ingresos, mis cargos y mi total entrega a la gestión llevada a cabo con todo el compromiso y dignidad”, afirmó.
El caso reabre el debate sobre los límites éticos en la contratación estatal y la delgada línea entre la legalidad y la percepción pública en medio de un ambiente político cada vez más polarizado.