Nacional

Petro advierte que presidente de Urrá deberá responder penalmente por impacto de vertimientos en Córdoba

El mandatario cuestionó el manejo de los embalses y afirmó que la crisis por inundaciones no obedece solo al clima, sino a decisiones administrativas en el sector energético.

En medio de la grave calamidad pública que enfrenta el departamento de Córdoba por las inundaciones, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura advertencia sobre el manejo de los embalses en el país y aseguró que el presidente de la hidroeléctrica Urrá S.A., Juan Acevedo, deberá responder penalmente por las consecuencias de los vertimientos que hoy afectan a comunidades campesinas y zonas vulnerables de la región.

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El pronunciamiento del presidente Petro, se dio en el marco de sus recientes cuestionamientos a la política energética nacional. Petro sostuvo que se permitió el llenado de embalses sin que estos fueran utilizados oportunamente para la generación de energía, lo que derivó en vertimientos que han agravado la emergencia ambiental y social en territorios como Córdoba, La Mojana y la depresión momposina.

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Según el mandatario, estas decisiones privilegiaron contratos de futuros con termoeléctricas de gas, a costos considerablemente más altos, mientras se dejó de aprovechar la generación de energía hidráulica, que calificó como casi gratuita. En ese sentido, enfatizó que la actual crisis no puede atribuirse únicamente a fenómenos climáticos, sino a determinaciones administrativas que trasladaron el impacto a los territorios y, especialmente, al campesinado.

En medio del debate, también ha salido a relucir un informe periodístico publicado recientemente por la revista Semana, en el que se señala que Juan Acevedo sería una cuota política de la casa Chagüi. De acuerdo con esa publicación, el senador Julio Elías Chagüi, del Partido de la U, habría tenido cercanía con el nombramiento de personas afines en cargos directivos de la empresa Urrá S.A.

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El llamado del presidente Petro se produce en un momento crítico para Córdoba, donde miles de familias continúan afectadas por las inundaciones, y refuerza la exigencia de establecer responsabilidades frente al manejo de los embalses, así como la necesidad de que las decisiones energéticas del país prioricen la protección de la vida, el ambiente y los territorios.

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