El 80 % de Córdoba permanece inundado y más de 120 mil personas resultan afectadas por la emergencia
Frente a la situación del embalse de Urrá, el gobernador evitó pronunciarse sobre posibles responsabilidades y aseguró que no es momento para “debates innecesarios”, aclarando que la junta directiva de la hidroeléctrica es manejada por el Gobierno nacional.
Como consecuencia de la fuerte temporada invernal, el 80 % del territorio de Córdoba permanece inundado, con 24 de los 30 municipios afectados, uno de los panoramas más críticos de los últimos años. Así lo reveló el gobernador Erasmo Zuleta Bechara durante una entrevista concedida al programa 6AM de Caracol Radio, en la que expuso la gravedad de la emergencia que atraviesa el departamento.
Inundaciones en Córdoba
Según el mandatario, más de 120.000 personas y alrededor de 40.000 familias enfrentan los impactos directos de las inundaciones, provocadas por el desbordamiento de las cuencas de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete. Las afectaciones se registran tanto en zonas rurales como urbanas del departamento.
Zuleta identificó al menos diez municipios en estado muy crítico, entre ellos los de la zona costanera como Canalete, Puerto Escondido y Los Córdobas, además de Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Montería, Lorica y San Bernardo del Viento. Incluso, advirtió que pueblos completos en la franja costera quedaron prácticamente destruidos por la fuerza de las aguas.
Frente a la situación del embalse de Urrá, el gobernador evitó pronunciarse sobre posibles responsabilidades y aseguró que no es momento para “debates innecesarios”, aclarando que la junta directiva de la hidroeléctrica es manejada por el Gobierno nacional.
Finalmente, el mandatario hizo un llamado a la solidaridad y al compromiso del país para atender la emergencia, e invitó al presidente Gustavo Petro a visitar Córdoba para conocer de primera mano la magnitud del desastre. Entre tanto, las autoridades mantienen activo el Puesto de Mando Unificado para coordinar rescates y la entrega de ayudas humanitarias junto a alcaldías, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y otras entidades públicas y privadas.