Consejo de Estado recibe demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas por caso UNGRD
Entre los señalamientos figuran presuntos hechos de tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades, relacionados con la gestión irregular de contratos y beneficios burocráticos dentro de la UNGRD.
La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia radicó ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas, señalados de presunta vinculación con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La acción judicial busca que se evalúe su responsabilidad política y se determine si procede la sanción conocida como “muerte política”.
Congresistas por caso UNGRD
Los congresistas mencionados en la demanda son Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Juan Loreto Gómez Soto, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Manzur, Julián Peinado Ramírez y Karen Manrique. Según el documento, habrían incurrido en conductas que configurarían causales de pérdida de investidura.
Entre los señalamientos figuran presuntos hechos de tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades, relacionados con la gestión irregular de contratos y beneficios burocráticos dentro de la UNGRD. La demanda se apoya en testimonios de exfuncionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla.
De acuerdo con estas versiones, algunos congresistas habrían recibido o facilitado contratos a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno en el Congreso, especialmente durante el trámite de la reforma pensional. Estos señalamientos forman parte del expediente que ahora deberá analizar el alto tribunal.
Mientras el Consejo de Estado estudia la demanda, la Corte Suprema de Justicia avanza de manera paralela en investigaciones penales contra algunos de los implicados. El caso de la UNGRD, considerado uno de los mayores escándalos recientes de corrupción, sigue generando fuertes repercusiones políticas y llamados a reforzar la transparencia en la gestión pública.
