UNP admite que no podía reforzar seguridad de Miguel Uribe por vacío legal
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, aseguró que la entidad no estaba legalmente facultada para reforzar el esquema de seguridad del entonces senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en diciembre de 2025, debido a que su condición de precandidato presidencial no se encontraba contemplada dentro de la normativa vigente en ese momento.
En declaraciones a Mañanas Blu, Rodríguez explicó que la figura de “precandidato” no existía dentro del lenguaje electoral ni en los decretos que regulan la protección estatal. Según indicó, los protocolos solo permitían la activación del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE) para candidatos oficialmente inscritos en campaña, lo que impidió evaluar formalmente las amenazas contra Uribe Turbay antes del atentado.
El funcionario precisó que la seguridad de los congresistas no recae exclusivamente en la UNP, sino que es una responsabilidad compartida con la Policía Nacional, en el marco de un convenio interadministrativo con el Congreso de la República. De acuerdo con Rodríguez, cualquier solicitud de refuerzo debía tramitarse inicialmente a través del Congreso y la Policía, y solo llegar a la UNP en caso de ser requerida su intervención.
Sobre las versiones que señalan que el senador habría solicitado en múltiples ocasiones refuerzos de seguridad, Rodríguez fue enfático en afirmar que ninguna de las 23 solicitudes mencionadas llegó a la UNP. Aclaró que las cartas enviadas correspondían a peticiones de apoyo logístico para desplazamientos, mas no a solicitudes formales de reforzamiento del esquema de protección.
Rodríguez también se refirió a la imputación de cargos que en su momento fue anunciada en su contra y posteriormente revocada, sugiriendo posibles motivaciones políticas. Manifestó su sorpresa por haberse enterado de dicha decisión a través de los medios y denunció tensiones con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, a quien acusó de señalamientos infundados en su contra.
Finalmente, el director de la UNP reconoció que el asesinato de Miguel Uribe Turbay evidenció un vacío institucional en materia de seguridad electoral. Tras el magnicidio, el Ministerio del Interior modificó el marco normativo para incluir, por primera vez, la protección de precandidatos presidenciales, un cambio que, según analistas, llegó tarde y abrió un debate nacional sobre las falencias del sistema de prevención y protección política en Colombia.
