“Libre, pero no del todo”: activista venezolana Rocío San Miguel tras ser liberada
Rocío San Miguel, directora de la ONG Justicia y Proceso y referente en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, fue liberada tras permanecer detenida por más de un año. La información fue confirmada por su abogada, Teresly Malavé, quien indicó que la excarcelación tomó por sorpresa incluso al equipo legal. Tras su liberación, San Miguel fue trasladada de inmediato a España para recibir atención médica.
La activista, de nacionalidad venezolana y española, salió del país junto a otros cuatro ciudadanos españoles en un proceso que se desarrolló de manera discreta. Su estado de salud, deteriorado por las condiciones de reclusión, influyó en la decisión de enviarla directamente a Europa, donde se reencontró con su familia.
Durante casi dos años, San Miguel permaneció en aislamiento en instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Según su defensa, nunca se les permitió ejercer plenamente la representación legal ante los tribunales, lo que obligó a recurrir a instancias internacionales y a mantener un perfil bajo para evitar represalias.
Malavé denunció las condiciones inhumanas en centros de detención como El Rodeo I, donde los funcionarios actúan encapuchados y bajo seudónimos. Aseguró que incluso las entrevistas entre abogados y detenidos se realizan bajo estrictos controles, con máscaras obligatorias y custodia armada, lo que impide identificar a las autoridades responsables.
La abogada sostuvo además que la liberación de presos políticos en Venezuela no depende realmente del sistema judicial, sino de decisiones del poder político. Organizaciones de derechos humanos estiman que aún hay más de 100 detenidos por razones políticas, y denuncian que los recientes procesos de excarcelación se han dado de forma desordenada y sin garantías legales claras.
Aunque Rocío San Miguel ya se encuentra en libertad, su situación jurídica sigue siendo incierta. Parte de su familia en Venezuela continúa bajo procesos judiciales y con restricciones para declarar ante los medios, mientras la defensa evalúa si su salida del país constituye un destierro forzado. Afectada físicamente por el cautiverio, la activista mantiene su fortaleza, aunque permanece en estado de impacto emocional por la rapidez con que se produjeron los hechos.