iURGENTE! Consejo de Estado podría tumbar decreto del salario mínimo por fallas legales
El reciente decreto mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para 2026 podría ser demandado y eventualmente anulado por el Consejo de Estado, si se comprueba que no cumple con los requisitos legales y constitucionales exigidos para su expedición.
Expertos en derecho laboral y exfuncionarios del Ministerio de Trabajo advierten que la decisión presidencial podría enfrentar serios cuestionamientos jurídicos si no está debidamente sustentada en criterios técnicos como la inflación real, la productividad y la justificación económica del aumento. Entre las principales causas de nulidad se destacan:
Falta de motivación técnica suficiente: La normativa establece que el incremento del salario mínimo debe explicar cómo se ponderaron factores como la inflación y la productividad laboral. La ausencia de esta justificación podría configurarse como “falsa motivación”, causal frecuente de nulidad administrativa.
Ignorar la inflación real: Esto vulneraría el carácter de “derecho vital y móvil” del salario mínimo, principio constitucional que busca garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Desconocimiento de la productividad: El aumento debe estar alineado con las metas de inflación y los indicadores de productividad discutidos en la mesa de concertación laboral.
Desproporción del incremento: Sectores económicos han señalado que un alza del 22,7 % podría carecer de sustento técnico y generar impactos negativos sobre el empleo formal y la estabilidad macroeconómica.
El salario mínimo base para 2026 fue fijado en $1.746.882, representando un aumento nominal del 22,7 %. Tras el anuncio, varios gremios y exministros expresaron su intención de acudir al Consejo de Estado, argumentando que la medida podría responder más a criterios políticos que técnicos.
Si el alto tribunal declara la nulidad, el Gobierno estaría obligado a expedir un nuevo decreto, ajustado estrictamente a los parámetros legales y corrigiendo las fallas técnicas señaladas por la decisión judicial. Por ahora, el debate se traslada del escenario político al jurídico, mientras el país permanece atento a una posible controversia que podría marcar un precedente en la fijación del salario mínimo en Colombia.