El incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno pone en riesgo al sector empresarial y el desarrollo económico del país: ACRIP
La Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP expresó su preocupación frente al incremento del salario mínimo legal vigente (SMLV) para 2026, fijado en un 23,7% mediante decreto del Gobierno nacional, al considerar que esta decisión supera ampliamente la capacidad financiera y productiva de las empresas colombianas.
De acuerdo con un análisis realizado por ACRIP a finales de noviembre, el aumento del salario mínimo no debería superar el 7%, teniendo en cuenta las proyecciones económicas y productivas del sector empresarial. El estudio contrasta con la cifra decretada y advierte sobre los riesgos que esto implica para la sostenibilidad de las organizaciones, especialmente en un contexto de desaceleración económica.
Según el gremio, un reciente estudio de proyecciones salariales, basado en la consulta a más de 150 organizaciones en distintas regiones del país, reveló que las empresas prevén incrementar los salarios en promedio un 6,2% en 2026, muy por debajo del aumento establecido por el Ejecutivo.
En un comunicado, ACRIP señaló que “el incremento del 23,7% está por encima de la realidad financiera y productiva de las empresas, e incluso de la inflación proyectada, lo que sin duda constituirá un gran reto para el sector empresarial”. Para la federación, esta diferencia podría traducirse en mayores dificultades para sostener el empleo formal y para impulsar el crecimiento económico.
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ACRIP hace llamado al gobierno
Ante este panorama, el gremio hizo un llamado al Gobierno nacional para que acompañe al sector empresarial en la implementación de medidas que mitiguen el impacto del alza salarial, y que se fortalezcan las estrategias orientadas a la generación de empleo y al crecimiento económico, en un año marcado además por los desafíos que trae la implementación de la reforma laboral.
ACRIP también pidió que el incremento de otros gastos básicos de las familias no se indexe al aumento del SMLV, sino a la inflación, con el fin de evitar presiones adicionales sobre las finanzas de los hogares y de las empresas.
Finalmente, la federación rechazó que el ajuste del salario mínimo se haya definido nuevamente por vía decreto, como ocurrió el año anterior, señalando que esta decisión de alto impacto social y económico terminó ligada a factores políticos y no reflejó, según el gremio, la realidad financiera del tejido empresarial.