Centrales obreras y empresarios entregan al Gobierno sus propuestas para el salario mínimo de 2026
Las centrales sindicales propusieron un aumento del 16%, lo que elevaría el salario mínimo a $1.650.680. Su planteamiento se basa en el concepto de “salario mínimo vital” y en lo que consideran una deuda histórica en materia de productividad.
Las centrales obreras, organizaciones de pensionados y los principales gremios empresariales radicaron ante el Ministerio de Trabajo sus propuestas para la negociación del salario mínimo de 2026, dejando en evidencia una amplia diferencia entre ambas posiciones. Los documentos fueron entregados al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y marcan el inicio de una concertación que se anticipa compleja.
Propuestas para el salario mínimo
Las centrales sindicales propusieron un aumento del 16%, lo que elevaría el salario mínimo a $1.650.680. Su planteamiento se basa en el concepto de “salario mínimo vital” y en lo que consideran una deuda histórica en materia de productividad. Argumentan que el ingreso actual no cubre el costo real de vida, pues una canasta básica para una familia de cuatro personas supera los $3,1 millones.
En el componente de productividad, los sindicatos aseguran que a los trabajadores se les adeuda un 32% acumulado en los últimos 20 años y piden que esta variable sea determinante en la negociación. Además, el documento incluye solicitudes para los pensionados, como el reajuste de las mesadas conforme al salario mínimo y la restitución de la mesada 14.
Por su parte, los gremios empresariales plantearon un incremento del 7,21%, sustentado en la inflación proyectada de 5,3%, la productividad total de los factores y un punto adicional. Advirtieron sobre el estancamiento en la reducción de la inflación y el aumento de la informalidad laboral, que ya supera los 13,6 millones de personas.
Con ambas propuestas sobre la mesa, el Gobierno deberá evaluar los argumentos técnicos y sociales para definir si se alcanza un acuerdo tripartito o si el aumento del salario mínimo será fijado por decreto. La brecha entre el 16% y el 7,21% refleja la dificultad del proceso y deja en manos del Ejecutivo una de las decisiones económicas más sensibles del país.
