Petro deberá retractarse y pedir excusas públicas a Roberto y Luis Alberto Moreno
Un juez administrativo de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de los señalamientos realizados contra los empresarios Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía, tras considerar que vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra, la igualdad y la dignidad humana.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, que amparó los derechos de los accionantes luego de que estos interpusieran una acción de tutela. En el fallo se ordena al mandatario que, en un plazo máximo de 48 horas contadas a partir de la notificación, se retracte y ofrezca excusas públicas “en la misma forma y por los mismos canales” utilizados los días 21 de octubre, 13 de noviembre y 18 de noviembre de 2025.
Según la providencia, el presidente deberá dejar claro que no tiene certeza ni le consta que Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía sean autores o partícipes de los delitos de hurto del Banco del Pacífico y de lavado de activos o de tierras mediante la urbanización de la hacienda San Simón, hechos por los cuales fueron señalados públicamente.
El juez José Ignacio Manrique Niño precisó además que la retractación en la red social X deberá mantenerse por un periodo de tres meses, debido a que las publicaciones originales continúan visibles en esa plataforma.
En la sustentación del fallo, el despacho recordó que la libertad de expresión de los funcionarios públicos, especialmente de quienes ostentan la más alta dignidad del Estado, tiene mayores límites que la de los particulares. En ese sentido, advirtió que cualquier aseveración debe ser veraz, imparcial, proporcional y razonable, más aún cuando se refiere a personas determinadas.
La decisión también incluyó un llamado de atención frente al contexto nacional. El juez señaló que el actual momento de polarización y violencia no debe ser exacerbado por declaraciones “incendiarias” desde la Presidencia de la República, y subrayó que el país espera de sus dirigentes un actuar prudente y mesurado.
Finalmente, el fallo enfatizó que, si el presidente cuenta con pruebas sobre los presuntos ilícitos mencionados, debe acudir a las autoridades competentes y presentar las denuncias correspondientes, en lugar de formular acusaciones públicas que podrían desbordar sus funciones y afectar el equilibrio del sistema constitucional colombiano.