Contraloría advierte sobrepago de más de $1.600 millones en contratos del Programa de Sustitución de Cultivos
Según el órgano de control fiscal, los pagos efectuados a la interventoría fueron “incorrectos y desproporcionados”, pues no guardaron relación con los avances reales de los Planes Operativos Anuales (POA) de los proyectos supervisados.
La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, alertó un sobrepago por 1.618 millones de pesos en contratos asociados al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). El hallazgo se produjo durante una auditoría a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y al Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP), responsable de contratar a la firma DCO Ingeniería & Servicios S.A.S. para labores de interventoría.
Contraloría ante sobrecostos
Según el órgano de control fiscal, los pagos efectuados a la interventoría fueron “incorrectos y desproporcionados”, pues no guardaron relación con los avances reales de los Planes Operativos Anuales (POA) de los proyectos supervisados. La Contraloría explicó que, pese a que los contratos presentaban avances del 59,23%, 93,67% y 44,8%, se efectuaron pagos que correspondían al 100% del valor.
El organismo señaló que estos pagos debían ajustarse estrictamente al progreso técnico de cada proyecto, tal como lo establece la cláusula cuarta del contrato. Sin embargo, el análisis confirmó que la supervisión no reflejó los avances reales, lo que derivó en un detrimento patrimonial considerable para el programa.
La Contraloría responsabilizó directamente a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) por fallas en el seguimiento técnico y financiero de los contratos, recordando que la entidad es la encargada de garantizar el uso adecuado de los recursos destinados a la sustitución de cultivos ilícitos.
Finalmente, el organismo advirtió que este detrimento afecta la financiación de proyectos productivos sostenibles y compromete la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias del PNIS. Ante esto, reiteró la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para evitar nuevos riesgos sobre los recursos del programa.