Fiscalía solicita cárcel para Nicolás Petro por presuntas irregularidades en millonaria contratación en el Atlántico
La Fiscalía General de la Nación pidió este martes que Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico e hijo mayor del presidente Gustavo Petro, sea enviado a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por presunta corrupción en la contratación pública del departamento. Durante una audiencia en Barranquilla, la fiscal del caso, Lucy Laborde, expuso las razones por las cuales considera necesaria la medida de aseguramiento intramural, señalando que el investigado enfrenta cargos por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Según la Fiscalía, desde 2021 Petro habría participado en una estructura irregular que direccionó contratos entre la Fundación Consciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico, durante la administración de Elsa Noguera. Para ello, habría actuado en alianza con su entonces pareja, Day Vásquez, y con funcionarios y particulares como el exsecretario general del departamento Raúl Lacouture, Pedro Name y Gustavo de la Ossa, representante legal de la entidad contratista. “El secretario departamental determinaba la elección de ‘Fucoso’ por solicitud expresa que se realizaba por usted, señor Nicolás Petro… Todo bajo su orden, conocimiento, instrucciones previas y provecho económico”, señaló la fiscal en una intervención anterior retomada durante el proceso.
Nicolas Petro bajo lupa
Las autoridades aseguran que este entramado ilegal tenía como propósito quedarse con recursos destinados a la atención de adultos mayores en el Atlántico. La fiscal Laborde afirmó que la influencia de Petro se ejercía a través de Vásquez, quien habría presionado a funcionarios de la Gobernación para favorecer a Fucoso. “La influencia se ejerce a través de Day Vásquez, Es una actividad ilícita en cadena con beneficios para todos los partícipes”, indicó la investigadora en la audiencia de este martes, al explicar la presunta relación de doble vía entre Petro y la administración departamental.
Este caso avanza mientras Nicolás Petro enfrenta otro proceso judicial, en etapa cercana a juicio oral, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. De aprobarse la solicitud de la Fiscalía, el exdiputado quedaría privado de su libertad mientras se define su responsabilidad en uno de los escándalos de contratación más sensibles para la política del Caribe colombiano
