73% de los colombianos cree que el Estado está en manos de criminales: INVAMER
Un reciente estudio de opinión reveló que el orden público se consolidó como la principal preocupación de los colombianos, al pasar del 32,8% en agosto al 35,3% en noviembre. Este aumento se da en un contexto marcado por el recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país y por las crecientes críticas a la política de seguridad del Gobierno Nacional.
De acuerdo con los resultados, detrás del deterioro del orden público se ubicaron otras preocupaciones como el desempleo y la situación económica (19,2%), la corrupción (11,8%), las necesidades básicas insatisfechas (10,9%), otras problemáticas sociales (10,6%) y la mala función del gobierno o del sistema político (9,4%).
En cuanto a las políticas actuales del Gobierno, la estrategia de Paz Total obtuvo una de las mayores desaprobaciones. A la pregunta sobre si esta política ha generado mayor seguridad o inseguridad, el 66,2% de los encuestados afirmó sentirse más inseguro.
Este resultado se conoce en medio de una coyuntura compleja: los diálogos con el Clan del Golfo avanzan de manera lenta en Qatar, mientras que la Defensoría del Pueblo demandó la figura de los “gestores de paz”, señalándola como una afrenta para las víctimas. A esto se suman críticas por presuntas consideraciones excesivas hacia las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, tras revelaciones que apuntan a una supuesta infiltración de delincuentes en organismos de inteligencia para evadir la ley.
En el mismo apartado, el 73,7% de los colombianos consideró que el Estado perdió el control territorial frente a los grupos criminales, lo que refuerza la percepción de inseguridad y la desconfianza hacia la capacidad institucional de garantizar la protección ciudadana.
La encuesta, que cumplió con todos los requisitos de la nueva regulación electoral, fue aplicada a 3.800 personas en 148 municipios, tanto capitales como localidades no capitales. El estudio presenta un margen de error del 1,81% y un nivel de confianza del 95%. El trabajo de campo se desarrolló entre el 15 y el 27 de noviembre.
La publicación de los resultados generó debate público luego de que el propio presidente Gustavo Petro cuestionara su divulgación, pese a que la normativa vigente permite expresamente este tipo de estudios previo a los periodos electorales. Ante los resultados, la única reacción del mandatario fue un escueto mensaje: “¿Y la ley?”, en referencia a la regulación que él mismo promovió para la realización de estos sondeos.
