Radican quejas disciplinarias contra el presidente Petro y altos funcionarios por presuntas vinculaciones con disidencias
El abogado David Cote, autor de las quejas, asegura que un informe de Noticias Caracol reveló comunicaciones y pactos entre funcionarios del Estado y hombres cercanos a alias Calarcá, presuntamente facilitando movimientos de personal, armas y recursos a través de una empresa de seguridad fachada.
Ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Procuraduría fueron radicadas quejas disciplinarias contra el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, la fiscal general Luz Adriana Camargo, el general (r) Juan Miguel Huertas y el funcionario del DNI Wilmar Mejía, tras denuncias de supuestas filtraciones y acuerdos irregulares con disidencias de las Farc.
Quejas disciplinarias contra Petro
El abogado David Cote, autor de las quejas, asegura que un informe de Noticias Caracol reveló comunicaciones y pactos entre funcionarios del Estado y hombres cercanos a alias Calarcá, presuntamente facilitando movimientos de personal, armas y recursos a través de una empresa de seguridad fachada.
Según la denuncia, estas estructuras habrían operado como un puente entre las necesidades de las disidencias y la cobertura institucional, incluyendo la entrega de recursos reservados del Estado como frecuencias exclusivas del Ejército, líneas privadas de comunicación y datos estratégicos.
La fiscal general Luz Adriana Camargo es señalada por supuestamente haber conocido estas comunicaciones desde 2024 sin tomar medidas, mientras que la liberación de personas vinculadas a alias Calarcá bajo la figura de gestores de paz también es considerada indicio de posible omisión o encubrimiento institucional.
El presidente Petro y la vicepresidenta Márquez son acusados de respaldar decisiones que facilitaron la continuidad de estas estructuras y de negar públicamente los vínculos denunciados, mientras que Huertas y Mejía figuran como presuntos responsables directos de coordinaciones operativas y entrega de recursos sensibles que habrían protegido las acciones de las disidencias.