Cada 48 horas tres menores son reclutados por grupos armados en Colombia, un crimen que los condena a morir en guerra o por intentar escapar
El reclutamiento forzado de menores volvió a sacudir la agenda nacional tras confirmarse que entre enero y octubre de 2025 se registraron 162 casos en Colombia, según la Defensoría del Pueblo. La cifra, que podría ser mucho mayor debido al subregistro y al temor de muchas familias a denunciar, evidencia la gravedad de un fenómeno que condena a niños y adolescentes a un ciclo de violencia del que pocas veces logran salir con vida. El Estado Mayor Central, disidencia de las FARC dirigida por alias Iván Mordisco, encabeza esta práctica criminal con el 40% de los casos reportados.
En los campamentos ilegales, la realidad de los menores reclutados es brutal: si permanecen en las filas, pueden morir en combates o bombardeos; si intentan escapar, la orden es recapturarlos y fusilarlos. Así ocurrió recientemente con varios adolescentes que fallecieron tras una operación militar en un campamento de Mordisco, entre ellos una joven de 16 años, otra de 13 y un adolescente indígena de 15, todos previamente denunciados por sus familias como víctimas de reclutamiento. Pese a ello, alias Mordisco intentó justificar su presencia en la estructura armada como un “acto voluntario”, una afirmación rechazada por expertos y organizaciones humanitarias.
Reclutamiento en Colombia
La reactivación de los bombardeos ordenada por el Gobierno de Gustavo Petro para neutralizar objetivos de alto valor ha generado fuerte controversia, pues estas estructuras suelen tener menores en sus filas. Para el exnegociador de paz Camilo González Posso, bombardear campamentos donde hay niños constituye una violación del Derecho Internacional Humanitario: “Son reclutamientos forzados, tramposos. Los niños están allí como víctimas, subordinados. Eso está completamente prohibido… En esas operaciones debe primar el derecho a la vida de los niños sobre otras consideraciones”, advirtió.
El panorama territorial es igualmente alarmante. Cauca, Antioquia, Chocó, Huila y Nariño son los departamentos donde más se concentra esta práctica, con 45% de las víctimas pertenecientes a comunidades indígenas. En 2024 se documentaron 625 menores reclutados y la Defensoría alerta que, en promedio, tres niños o adolescentes son incorporados a grupos armados cada 48 horas. Según la defensora Iris Marín, hoy las niñas son enviadas con mayor frecuencia a combate y los niños continúan siendo usados para labores logísticas y enfrentamientos. “Hay historias muy dolorosas… Tenemos muchos casos de niños que se han volado y los han fusilado”, recordó González Posso, quien insiste en que este crimen sigue destruyendo el presente y el futuro de la niñez colombiana.
