“No es abandonar los bombardeos, es evaluar y agotar otros medios”: Defensoría del Pueblo
La defensoría del Pueblo, Iris Marín, llamó al Gobierno nacional —incluidos el presidente de la República y el ministro de Defensa— a suspender temporalmente los operativos de bombardeo militar con el fin de evaluar a fondo sus impactos humanitarios. La funcionaria aclaró que no se trata de una solicitud para eliminar definitivamente esta estrategia, sino de una pausa responsable ante los hechos recientes.
Petición de la Defensoría del Pueblo
La petición surge tras la muerte de varios menores de edad en operaciones militares. De acuerdo con información conocida por la Defensoría, al menos ocho niños murieron en dos bombardeos realizados la semana pasada, y otros menores fueron hallados sin vida después de dos ataques posteriores.
Marín señaló que la preocupación central es que la Fuerza Pública no puede continuar con bombardeos sin revisar las consecuencias para los menores reclutados forzosamente, quienes terminan convertidos en blanco militar. Lo que antes se consideraba una posibilidad, hoy es una certeza: los últimos cuatro bombardeos han involucrado la muerte de menores víctimas de reclutamiento, una situación que el propio Gobierno ha reconocido como indeseable.
La Defensoría busca establecer si la planeación de las operaciones tuvo en cuenta la alta probabilidad de presencia de menores en los campamentos y qué medidas fueron adoptadas para evitar estas muertes. La defensora también cuestionó las declaraciones contradictorias de altos funcionarios: mientras algunos aseguran desconocer la presencia de menores, otros afirman que era un escenario presumible.
El objetivo de la suspensión, explicó Marín, es permitir una evaluación exhaustiva que aún no se ha realizado y que debe conducir a medidas de precaución adicionales. Subrayó que la Fuerza Pública está obligada a agotar otros mecanismos, reforzar la inteligencia militar y evitar asumir que el daño a menores es un “colateral aceptable”.
La evaluación, añadió, debe sustentarse en los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH): necesidad militar, ventaja militar, precaución, humanidad y necesidad imperiosa. Para la Defensoría, no es éticamente ni jurídicamente aceptable que cuatro bombardeos consecutivos hayan dejado menores muertos.
Marín reiteró que la responsabilidad principal recae sobre los grupos armados ilegales, en especial las disidencias comandadas por alias Mordisco, que han aumentado el reclutamiento desde 2023 como parte de su estrategia de expansión territorial. En 2024, la Defensoría ha verificado 162 casos de reclutamiento mediante su “botón de reclutamiento”, aunque el subregistro sería mucho mayor, según cifras de desvinculación del ICBF.
Los menores, explicó, son reclutados porque son más vulnerables, obedecen con facilidad y resultan útiles para tareas de guerra. Marín calificó como “absurdo” que las disidencias intenten deslegitimar los bombardeos argumentando la presencia de niños en sus filas, pues no pueden usar como defensa un crimen de guerra que ellas mismas cometen.
