Uribe presenta queja disciplinaria contra el ministro de Justicia Eduardo Montealegre
Según Uribe, Montealegre ha asumido una postura más cercana a la de un acusador que a la de presunta víctima dentro del proceso penal que enfrenta el exmandatario ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de la capital.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, por presunta intromisión indebida en la administración de justicia y vulneración de su derecho al debido proceso. El documento, radicado el pasado 17 de septiembre, acusa al ministro de desconocer la autonomía judicial y de actuar de forma incompatible con las funciones de su cargo.
Uribe contra Montealegre
Según Uribe, Montealegre ha asumido una postura más cercana a la de un acusador que a la de presunta víctima dentro del proceso penal que enfrenta el exmandatario ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de la capital. En la queja, se citan mensajes difundidos por el ministro a través de WhatsApp en los que habría calificado a Uribe como “criminal de guerra” y lanzado acusaciones contra periodistas, académicos y abogados.
La defensa del expresidente anexó capturas de pantalla de los mensajes atribuidos al ministro, los cuales —según argumentan— generan un ambiente hostil hacia la defensa y podrían incidir en las decisiones de los jueces encargados del caso. Uribe sostiene que estas expresiones vulneran los principios de presunción de inocencia e independencia judicial.
El exmandatario también señala que el comportamiento del ministro contraviene lo dispuesto en la Ley 270 de 1996, que prohíbe a los altos funcionarios del Estado influir o sugerir decisiones a los jueces. Por ello, solicita a la Procuraduría investigar la posible comisión de faltas gravísimas por extralimitación de funciones y conflicto de intereses.
Uribe concluye que al ser calificado públicamente como “criminal de guerra”, el ministro Montealegre compromete las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y vulnera su derecho fundamental a la presunción de inocencia. La Procuraduría deberá determinar si admite la queja e inicia la investigación disciplinaria correspondiente.