¡Cayó otro! Ordenan cárcel para ex funcionario de Daniel Quintero por corrupción
Un juez de Medellín dictó medida de aseguramiento intramural contra Misael Cadavid, exgerente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, y María Yaneth Rúa, funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), mientras avanza el proceso judicial por presuntas irregularidades en seis contratos firmados entre ambas entidades por un valor cercano a los $18.000 millones.
La decisión fue adoptada este 15 de octubre por la Juez Séptima Penal Municipal de Medellín con función de control de garantías, quien consideró que ambos implicados podrían obstruir la justicia. En contraste, Elkin González, exjefe de la misma entidad bomberil y también investigado, fue dejado en libertad al no representar riesgo procesal ni reincidencia.
Según la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones apuntan a un presunto entramado de corrupción dentro del AMVA durante la pasada administración, en el que también habrían participado Miguel Quintero hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y otros exfuncionarios como Álvaro Villada, exsubdirector financiero.
De acuerdo con el ente acusador, se habrían cometido peculado por apropiación y celebración indebida de contratos mediante maniobras para inflar costos y justificar pagos por productos o servicios no entregados, generando un desfalco estimado en $2.481 millones entre 2020 y 2021. Parte de esos recursos, según las pruebas, habrían sido desviados a la campaña política de Cadavid al Congreso en 2022.
Durante los allanamientos al Cuerpo de Bomberos de Itagüí, los investigadores hallaron grabaciones, chats y documentos que evidenciarían la manipulación de facturas y la orientación de Rúa sobre cómo justificar sobrecostos. También se encontraron facturas falsas, cobros por insumos inexistentes y recargas de celular que nunca se realizaron.
La juez destacó la gravedad del caso al señalar que los recursos comprometidos estaban destinados a la atención de la emergencia sanitaria por Covid-19, lo que agrava la conducta de los implicados. “Hay elementos que permiten inferir que los procesados pudieron obstruir la justicia y afectar el patrimonio público”, precisó.
En el caso de Rúa, la togada subrayó que la funcionaria aún desempeña labores de supervisión en el Área Metropolitana, lo que podría facilitar nuevas irregularidades. Por esa razón, ordenó su reclusión inmediata junto a Cadavid.
Ambos apelaron la decisión, por lo que la audiencia continuará este jueves en la mañana, cuando se definirá si se mantiene o modifica la medida impuesta.
El proceso penal continúa y no se descartan nuevas capturas dentro de esta investigación que compromete recursos públicos destinados a la gestión de riesgos y emergencias en el Valle de Aburrá.