Familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci demanda al Estado colombiano y a la cadena Decameron por negligencia en su seguridad
El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió una demanda de reparación directa presentada por la familia del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini, asesinado en mayo de 2022 en las playas de Barú, Cartagena. El recurso judicial está dirigido contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la cadena Hoteles Decameron, y busca una indemnización superior a los 2.000 millones de pesos por los presuntos perjuicios ocasionados por el crimen.
La acción fue interpuesta por Claudia Andrea Aguilera, viuda de Pecci, junto con su hijo, sus padres, hermanos y sobrinos. Los demandantes alegan que tanto el Estado colombiano como la empresa hotelera incurrieron en omisiones y negligencias que facilitaron el asesinato del fiscal, cometido por sicarios colombianos durante su luna de miel. Según el documento, “se reclama la responsabilidad de la Nación, como sujeto de derecho público, que responde por sus órganos, Ministerio de Defensa y Policía Nacional, así como de Hoteles Decameron Colombia S.A.S., como sujeto de derecho privado”.
El texto señala una falla en el servicio por parte de la Policía Nacional, al no adoptar medidas preventivas pese a los riesgos que enfrentaba Pecci, reconocido por su labor contra el crimen organizado en Paraguay. Los demandantes aseguran que las autoridades “solo desplegaron sus fuerzas después de la comisión del delito”, pese a que el homicidio “comenzó a planearse desde el 2 de mayo”, ocho días antes del ataque. Además, afirman que varios de los involucrados en el crimen tenían antecedentes judiciales y condenas vigentes, lo que evidencia, según ellos, una omisión en el deber estatal de protección.
La demanda también responsabiliza a la cadena Hoteles Decameron, donde la pareja se hospedaba, por una presunta filtración de la ubicación del fiscal que habría facilitado la ejecución del atentado. Por ello, los familiares solicitan la misma suma de reparación contra la empresa, al considerar que su actuación puso en riesgo la vida del funcionario. La acción judicial fue presentada dentro del término legal de dos años y, según los documentos, el plazo se suspendió mientras se adelantaba una solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, que concluyó sin acuerdo en julio de 2024.
La familia citó la Constitución Política de Colombia, que garantiza el derecho fundamental a la vida y establece la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos causados por su acción u omisión. El asesinato de Pecci, fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ocurrió el 10 de mayo de 2022, cuando fue atacado por sicarios que llegaron en moto acuática mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa en Barú.
El crimen conmocionó a Paraguay y Colombia. El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez expresó su rechazo al hecho y escribió en redes: “El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la Nación paraguaya. Condenamos en los términos más enérgicos este trágico hecho y redoblamos nuestro compromiso de lucha contra el crimen organizado.” Pecci era reconocido por su firme lucha contra estructuras criminales, lideró investigaciones de alto impacto y fue parte de operativos como “Ultranza”, orientado al combate del narcotráfico y el lavado de dinero.