Exdirectivo de Nueva EPS denuncia penalmente al ministro de Salud por injuria y calumnia
En un comunicado difundido en su cuenta de X, Vargas Lleras aseguró que “las imputaciones son falsas, no reposan en una sola evidencia seria y buscan arrasar con la honra, la reputación y el derecho a la presunción de inocencia”.
En las últimas horas, Enrique Vargas Lleras, exintegrante de la junta directiva de Nueva EPS, denunció penalmente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por los delitos de injuria y calumnia. La acción judicial se sustenta en declaraciones hechas por el funcionario el pasado 15 de septiembre en W Radio, en las que lo vinculó con supuestos actos de corrupción y manejos irregulares de recursos en la entidad de salud.
Denuncia por caso Nueva EPS
En un comunicado difundido en su cuenta de X, Vargas Lleras aseguró que “las imputaciones son falsas, no reposan en una sola evidencia seria y buscan arrasar con la honra, la reputación y el derecho a la presunción de inocencia”. Además, solicitó a la justicia imponer al ministro las sanciones previstas en el Código Penal y pidió una medida cautelar que impida su salida del país, alegando riesgo de fuga y obstrucción.
El exdirectivo argumentó que las declaraciones de Jaramillo lo afectaron de manera directa y que “el debate público debe darse con pruebas y no con micrófonos”. También citó como precedente el caso del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, al justificar la petición de restricción migratoria contra el alto funcionario.
La denuncia se presenta en medio del escándalo por el escrito de acusación de la Fiscalía contra cuatro exdirectivos de la Nueva EPS, señalados de ocultar facturas y desviar más de 70.500 millones de pesos entre 2019 y 2023. Entre los acusados no figura Vargas Lleras, quien se desligó de estos hechos y reiteró que nunca tuvo participación en manejos ilegales dentro de la entidad.
Mientras tanto, la Fiscalía avanza en el proceso contra los exdirectivos José Fernando Cardona Uribe, Juan Carlos Isaza Correa, Edgar Pedraza Castellanos y Fabián Alberto Peralta Núñez, a quienes señala de implementar políticas fraudulentas para ocultar pérdidas y mantener la habilitación de la EPS. El caso mantiene bajo la lupa el manejo financiero de una de las entidades de salud más grandes del país.