Capturan a tres militares del esquema de seguridad de Petro
La captura de dos militares en servicio activo y una mujer que suplantaba a una oficial de la Policía Nacional encendió las alarmas en los organismos de seguridad de Colombia. Los detenidos son señalados de intentar infiltrarse en unidades estratégicas para obtener información confidencial relacionada con la seguridad del presidente Gustavo Petro.
Las operaciones se realizaron el 19 de septiembre en Bogotá por equipos de contrainteligencia militar y policial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. En total fueron capturadas cuatro personas vinculadas a una investigación por revelación de secreto, concierto para delinquir, fraude procesal y prevaricato por omisión. Tres de los arrestos ocurrieron mediante orden judicial y uno más en flagrancia por porte ilegal de armas y municiones.
Entre los procesados se encuentra el mayor del Ejército Nacional Pedronel Jiménez Cárdenas, quien hasta hace pocas semanas se desempeñaba como comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, unidad que formaba parte del tercer anillo de seguridad presidencial. También fue detenido el suboficial Cristian Padilla Villanueva, así como Luisa Fernanda Salgado Fernández, señalada de suplantar a una funcionaria policial con credenciales falsas bajo el alias de “Stephanie”. Un cuarto hombre fue capturado en hechos paralelos por posesión ilícita de armamento.
Las pesquisas establecieron que la mujer ingresó a instalaciones sensibles como el Batallón Guardia Presidencial, la Escuela de Caballería y la Dirección de Protección de la Policía Nacional. En dichos espacios participó en reuniones operacionales reservadas donde se discutían protocolos de inteligencia y esquemas de seguridad del jefe de Estado. De acuerdo con la Fiscalía, este acceso irregular fue facilitado por el mayor Jiménez, quien habría permitido su ingreso y participación en operaciones tácticas.
Las diligencias confirmaron que los implicados accedieron de manera ilegal a documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia. Parte de este material fue utilizado para solicitar y ejecutar diligencias judiciales, induciendo en error a fiscales y jueces al hacerles creer que los reportes provenían de fuentes legítimas. Este hecho generó una seria preocupación en la Casa de Nariño por el riesgo de exposición de información crítica para la seguridad presidencial.
Actualmente, la Fiscalía y los organismos de inteligencia analizan si los datos sustraídos fueron compartidos con terceros y si detrás de la infiltración existen motivaciones de carácter político, económico o de otra naturaleza. También se indaga la posible participación de un asesor militar señalado de asistir a reuniones confidenciales haciéndose pasar por uniformado. La investigación continúa para determinar el verdadero alcance de la información comprometida y las responsabilidades individuales de los involucrados.