Condenan a hombre que amenazó al Federico Gutiérrez por Instagram
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena impuesta a Andrey José Piñarete Galindo, declarado responsable del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, tras enviar en 2022 un mensaje intimidatorio al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de Instagram. La decisión fue adoptada por la Sala Penal con ponencia del magistrado Ramiro Riaño Riaño, confirmando el fallo emitido el 22 de julio de 2025 por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.
La sentencia contempla 75 meses de prisión y el pago de una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El alto tribunal rechazó los beneficios de prisión domiciliaria y suspensión condicional de la pena, por lo que, una vez quede en firme la condena, se ordenará la captura de Piñarete Galindo para que cumpla la sanción en un centro carcelario.
El mensaje que motivó el proceso contenía insultos y una amenaza de muerte, insinuando disparar en repetidas ocasiones con un arma al alcalde. Expresiones como “Un indumil” y “aproximadamente quince tiros” buscaban intimidar y causar daño. Durante el juicio, Gutiérrez relató que la violencia del texto le generó intranquilidad y que, por esa razón, decidió hacerlo público en su cuenta de X.
La investigación fue adelantada por la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de analistas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Mediante labores de rastreo digital, se estableció que el perfil de Instagram “andreypiñarete” fue el origen del mensaje intimidatorio. Con autorización judicial, META entregó la información asociada a la cuenta, vinculada al correo [email protected]
y a un número telefónico con prefijos de Colombia y España.
Las pesquisas también evidenciaron que la dirección IP desde la cual se emitió el mensaje correspondía a España, lugar donde residía Piñarete Galindo en el momento de los hechos. La expareja del procesado, Adriana del Pilar Chávez, confirmó que él vivía en territorio español y que privatizó sus redes sociales tras conocerse la amenaza. Además, se comprobó que el número telefónico vinculado a la cuenta coincidía con el que el acusado entregó a las autoridades durante el proceso judicial.
