¡Nueva EPS inviable! Contraloría reveló deudas por $21,3 billones
Uno de los hallazgos más graves corresponde al incremento de anticipos pendientes por legalizar. Entre 2023 y 2024 pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones, y para junio de 2025 la cifra se disparó a $15,27 billones.
La Contraloría General de la República lanzó una fuerte alerta sobre la situación administrativa y financiera de la Nueva EPS, tras detectar deudas que ascienden a $21,3 billones, así como fallas en la legalización de anticipos y en la gestión contractual. El organismo recopiló más de 4.500 archivos de las vigencias 2022, 2023, 2024 y el primer semestre de 2025, con hallazgos que comprometen directamente la sostenibilidad de la entidad más grande del sistema de salud en Colombia.
Deudas de la Nueva EPS
Uno de los hallazgos más graves corresponde al incremento de anticipos pendientes por legalizar. Entre 2023 y 2024 pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones, y para junio de 2025 la cifra se disparó a $15,27 billones. Incluso, existen recursos con más de dos años sin respaldo documental por $143 mil millones, lo que abre la puerta a un posible detrimento patrimonial.
El panorama de facturación es igualmente crítico: se reportaron 22,7 millones de facturas represadas por un valor de $22,1 billones. Sin embargo, 9,1 millones de estos registros estaban duplicados, equivalentes a $8,9 billones. Tras depurar los datos, quedan $13,2 billones en facturas pendientes de validar, la mayoría concentradas entre 2024 y el primer semestre de 2025.
La Contraloría también alertó sobre deficiencias en la contratación. En varias carpetas no aparecieron contratos completos ni soportes exigidos por la normatividad, lo que compromete la trazabilidad de los acuerdos. A marzo de 2025, las cuentas por pagar alcanzaron $21,37 billones, entre anticipos sin legalizar y facturas sin procesar, un desequilibrio que amenaza la estabilidad de la EPS y del propio sistema de salud.
Finalmente, el organismo de control advirtió que la subestimación de reservas técnicas por $11,1 billones y la falta de liquidez confirman el deterioro de la entidad. El informe será trasladado a la Contraloría Delegada para el Sector Salud y a otras autoridades competentes, que deberán definir eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.