Registrador Nacional pide a altas cortes definir futuro de la consulta popular del 7 de agosto
“La Registraduría Nacional no tiene superior funcional, es un órgano neutro que solo busca la integridad del proceso electoral”: Registrador Nacional. Fue la decisión frente a la solicitud del Gobierno nacional de convocar una consulta popular para el próximo 7 de agosto.
El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, afirmó este martes que será la justicia constitucional la que deberá dirimir la controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la convocatoria a una consulta popular nacional prevista para el próximo 7 de agosto.
“La decisión debe quedar en manos de las altas cortes. Hoy no solo está en juego la convocatoria a una consulta, está en juego el orden institucional del país, el principio democrático y la democracia misma”, enfatizó Penagos, al señalar que la Registraduría Nacional actuará con neutralidad y conforme a la ley.
El registrador fue enfático en recordar que la entidad que lidera es autónoma e independiente, sin superior funcional, tal como lo establece el artículo 266 de la Constitución Política. “La Registraduría es un órgano neutro que solo busca la integridad del proceso electoral”, afirmó.
Frente a la controversia jurídica por la convocatoria, Penagos anunció que se adoptarán cuatro medidas inmediatas:
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Solicitar un concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
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Remitir copia de la solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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Informar formalmente a la Procuraduría General de la Nación.
- Solicitar a las altas cortes un pronunciamiento ágil y oportuno frente a las demandas presentadas.
Además, advirtió que de ordenarse la realización de la consulta, esta requiere una inversión cercana a los 750 mil millones de pesos, una cifra que no se puede comprometer sin certeza jurídica sobre su viabilidad. “Es una inversión muy alta que solo puede ejecutarse si hay plena claridad jurídica y garantía institucional”, sostuvo.
En términos logísticos, Penagos recalcó que materialmente no es posible organizar una consulta en los 53 días restantes antes del 7 de agosto. Según explicó, se necesitan al menos tres meses para adelantar un proceso de planeación, contratación y ejecución conforme a los estándares exigidos por la ley.
El funcionario también alertó sobre los riesgos de proceder sin claridad legal: “Estamos frente a una situación que, de no manejarse con responsabilidad, puede derivar en un detrimento patrimonial, inseguridad jurídica y una ruptura del equilibrio entre poderes”.
Finalmente, reiteró que el papel de la Registraduría será garantizar el respeto al marco constitucional. “Lo prudente es esperar una decisión de los jueces. Son ellos quienes deben darle luz constitucional al país y definir si se avanza o no con esta consulta popular”, concluyó Penagos.