Córdoba, entre los seis departamentos con más hallazgos fiscales
Contraloría advierte sobre debilidades en planeación y ejecución de proyectos
La Contraloría General de la República reveló que el departamento de Córdoba ocupa el sexto lugar a nivel nacional en hallazgos fiscales, con irregularidades por más de $65.779 millones de pesos detectadas en obras y proyectos ejecutados entre 2023 y 2025.
El informe, que forma parte de un consolidado nacional que supera los $2,1 billones de pesos, pone en evidencia serias falencias en la planeación, ejecución y seguimiento de iniciativas financiadas con recursos públicos. La lista es encabezada por La Guajira, Sucre, Antioquia, Magdalena y Caquetá.
Hallazgos en Córdoba
De acuerdo con la Contraloría, los hallazgos en Córdoba se concentran principalmente en proyectos relacionados con agua potable, saneamiento básico, sistemas solares fotovoltaicos y fortalecimiento de sistemas productivos, donde se identificaron fallas estructurales que comprometen su sostenibilidad y eficacia.
Estas alertas provienen de auditorías basadas en denuncias ciudadanas, solicitudes del Congreso, veedurías y reportes del Departamento Nacional de Planeación, lo que demuestra una creciente vigilancia sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías, que ha financiado obras por más de $20,3 billones de pesos en todo el país.
A pesar del panorama, la administración departamental, liderada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, ha iniciado la reactivación de varios proyectos estratégicos. Entre ellos destacan los acueductos regionales del San Jorge, Costanero y El Porvenir, cuya entrega está programada para finales de este año. Según la Gobernación, estas obras buscan revertir el impacto de años de abandono e ineficiencia institucional, además de mejorar la cobertura de servicios básicos en comunidades históricamente olvidadas.
“El reto es enorme, pero estamos comprometidos con recuperar la confianza ciudadana y garantizar que los recursos públicos se conviertan en bienestar real para los cordobeses”, declaró un vocero del gobierno departamental.
El informe de la Contraloría deja claro que el desafío no solo es legal y administrativo, sino también ético: evitar que se repita el ciclo de obras inconclusas o fallidas que afectan directamente la calidad de vida de la población. Para ello, se hace urgente fortalecer las capacidades institucionales y garantizar una mayor transparencia en los procesos de contratación y ejecución de los proyectos públicos.