Falleció alias ‘Martín Sombra’, el temido carcelero de las Farc
Con su muerte, numerosos procesos judiciales que estaban en curso contra él quedan en suspenso. La JEP deberá determinar ahora qué uso legal podrá darse a los testimonios e información proporcionada por el exguerrillero, claves para esclarecer algunos de los crímenes más atroces del conflicto armado en Colombia.
En la madrugada de este lunes falleció Elí Mejía Mendoza, conocido como alias ‘Martín Sombra’, uno de los integrantes más temidos de la extinta guerrilla de las Farc. Su deceso se produjo en el Hospital El Tunal, en el sur de Bogotá, según confirmó la Secretaría de Salud de la capital. El exguerrillero, de 94 años, permanecía hospitalizado desde hace varios días.
Carcelero de las Farc muerto
Mejía Mendoza, fue uno de los símbolos del régimen de secuestro que implementó las Farc durante el conflicto armado. Era conocido como el “carcelero” por su responsabilidad en la custodia cruel de reconocidos secuestrados como Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Alan Jara y ciudadanos estadounidenses. Su historial criminal incluía más de 160 delitos imputados por la Fiscalía, entre ellos homicidios, reclutamiento forzado de menores y secuestros masivos.
Tras su captura en 2008, alias ‘Martín Sombra’ se acogió al sistema transicional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde confesó varios crímenes, incluyendo su participación en la instalación de campamentos de cautiverio y el reclutamiento de menores. Sin embargo, en 2020 volvió a ser capturado por su presunta implicación en un secuestro cometido en 2017, aunque permanecía en libertad por vencimiento de términos.
Uno de los episodios más controversiales de su comparecencia ante la JEP ocurrió en 2023, cuando aseguró que la masacre de Mapiripán, tradicionalmente atribuida a grupos paramilitares, fue ejecutada por una escuadra guerrillera bajo su mando. A pesar de estas declaraciones, el tribunal transicional decidió mantenerlo bajo su jurisdicción al considerar valiosa su contribución a la verdad.
Con su muerte, numerosos procesos judiciales que estaban en curso contra él quedan en suspenso. La JEP deberá determinar ahora qué uso legal podrá darse a los testimonios e información proporcionada por el exguerrillero, claves para esclarecer algunos de los crímenes más atroces del conflicto armado en Colombia.