Sancionan a cuatro empresas en Colombia por adicionar lactosuero a la leche
El lactosuero, subproducto obtenido durante la elaboración del queso, no tiene el mismo valor nutricional que la leche pura y su adición está prohibida en Colombia según el Decreto 616 de 2006.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso multas por 21 mil millones de pesos a cuatro empresas productoras de leche en Colombia: Gloria, Lactalis, Hacienda San Mateo y Sabanalac, por adicionar lactosuero a la leche entera higienizada (UAT) y presentarla como leche pura. Esta práctica, considerada un engaño al consumidor, fue detectada tras una serie de visitas administrativas realizadas en 2020.
Lactosuero en leches
El lactosuero, subproducto obtenido durante la elaboración del queso, no tiene el mismo valor nutricional que la leche pura y su adición está prohibida en Colombia según el Decreto 616 de 2006. Al mezclarse con la leche, este producto la “diluye” y reduce su valor comercial y nutricional entre un 30% y 40%. Sin embargo, las etiquetas de los productos no advertían esta alteración, lo que afectó la capacidad de decisión de los consumidores.
Pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) revelaron la presencia de altos niveles de Caseinomacropéptido (CMP), indicador clave de la adición de lactosuero, en productos de marcas como Medalla de Oro, Máxima, Algarra, De la Cuesta, Alkosto Hiperahorro, Parmalat, Latti y Pomar, comercializados por las empresas sancionadas.
La SIC consideró esta práctica como un acto de competencia desleal, ya que las empresas involucradas obtuvieron ventajas económicas al utilizar lactosuero de menor costo en lugar de leche cruda. Además, se identificó la presencia de lactosuero en los inventarios sin una justificación clara para su uso en productos diferentes a la leche.
Este caso ha generado preocupación entre los consumidores y llamado la atención sobre la necesidad de mayor transparencia en el etiquetado de los productos lácteos. La SIC continuará vigilando el cumplimiento de las normativas vigentes para proteger a los consumidores y garantizar una competencia justa en el mercado.
