
El presidente Donald Trump revocó las restricciones que protegían a los inmigrantes indocumentados de ser arrestados en lugares considerados sensibles, como iglesias, hospitales y escuelas. Esta medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), elimina una política implementada en 2011 que restringía tales arrestos. Según Benjamin Huffman, secretario interino del DHS, la decisión tiene como objetivo capturar a criminales extranjeros que han ingresado ilegalmente a los Estados Unidos.
El cambio de política también incluye la eliminación gradual de programas humanitarios que beneficiaban a migrantes de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, lo que podría afectar seriamente a las comunidades migrantes. Esta nueva medida genera incertidumbre, ya que se teme que pueda afectar la asistencia escolar de niños indocumentados y podría extender los arrestos a eventos como bodas, funerales y manifestaciones proinmigración.
La administración Trump ha criticado la gestión del gobierno anterior, acusándolo de permitir el ingreso “indiscriminado” de 1.5 millones de migrantes bajo programas humanitarios. No obstante, asegura que los nuevos casos serán evaluados de manera individual para determinar su situación.