Las Fuerzas Militares confirmaron este 7 de enero el secuestro de seis personas en la vereda Caño Tigre, zona rural de Arauquita, Arauca, atribuido al frente de guerra oriental del ELN. Entre los retenidos se encuentra Ricardo Ramos, un firmante de paz, junto a sus allegados. Las víctimas fueron abordadas por guerrilleros y hasta ahora se desconoce su paradero. Tropas de la Octava División del Ejército trabajan en la zona para ubicarlos y llevar a los responsables ante la justicia.
El lugar del secuestro está próximo a Filipinas, donde la fuerza pública brinda seguridad a excombatientes de las Farc y sus familias, quienes enfrentan amenazas constantes. La región es un punto crítico por la presencia de grupos armados ilegales. El ELN opera con las subestructuras Domingo Laín Sanz y Batallón Héroes, mientras las disidencias de las Farc actúan a través de las estructuras 28 y 10. Estas organizaciones mantienen un conflicto por el control territorial y financiero.
El secuestro en Arauca es recurrente. En lo que va de 2025, nueve personas han sido víctimas de este delito, mayormente atribuido al ELN, que utiliza estas retenciones y extorsiones como fuente de financiación. Además, la cercanía con Venezuela facilita su accionar, ya que los pasos ilegales en la frontera son utilizados como escondites para evadir a las autoridades colombianas.
La falta de control estatal en Arauca es evidente, según lo expuesto en una acción popular admitida por el Tribunal Administrativo del departamento. La Fundación para el Estado de Derecho denuncia que los grupos armados ilegales ejercen control social y territorial, afectando sistemáticamente a las comunidades mediante peajes ilegales, amenazas, desplazamientos, y el confinamiento de indígenas. El objetivo de la acción legal es presionar al Gobierno Nacional para garantizar la seguridad y los derechos de los habitantes.