JEP niega libertad al general (r) Mauricio Santoyo por falta de verdad
El general en retiro Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, seguirá privado de la libertad tras la decisión de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según el tribunal, Santoyo no ha cumplido con las obligaciones de aportar verdad en el marco del Sistema Integral de Paz, requisito esencial para acceder a beneficios como la libertad condicional.
Condenado en Estados Unidos por conspiración para proveer apoyo material a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un delito equiparable en Colombia al concierto para delinquir, Santoyo admitió haber recibido sobornos de miembros de las AUC. A cambio, suministró información privilegiada que facilitó sus actividades ilegales y les permitió evadir a las autoridades. Sin embargo, la JEP advirtió que hasta la fecha el exgeneral no ha proporcionado detalles suficientes que permitan esclarecer los hechos y su rol en ellos.
Los magistrados enfatizaron que, aunque Santoyo aceptó los cargos en la justicia estadounidense, lo hizo bajo el argumento de que era una estrategia defensiva y no como un reconocimiento pleno de responsabilidad. Esto, sumado a su falta de cooperación con el esclarecimiento de la verdad, fue clave para ratificar la negativa a su libertad condicional.
Además, la Sección de Apelación ordenó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP evaluar si la conducta del exoficial es compatible con los beneficios que actualmente disfruta, como la reclusión en una unidad militar o policial. De encontrarse irregularidades, podría iniciarse un incidente para revocar estos privilegios.
Santoyo, quien ocupó cargos destacados en la Policía Nacional, incluyendo la subdirección de antisecuestro y antiextorsión (1999-2001) y la comandancia del cuerpo élite antiterrorista en Medellín (2001), enfrenta además graves señalamientos por su presunta participación en la desaparición forzada de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa en diciembre de 2001, acusaciones que él niega rotundamente.
Con esta decisión, la JEP envía un mensaje contundente sobre la importancia del cumplimiento de los compromisos de verdad como pilar fundamental del sistema de justicia transicional en Colombia.