Judicial

Abogados de Cristian Petro y Juan Soto, implicados en la masacre de Chimá apelan medida de aseguramiento

El lunes 25 de noviembre, concluyó la audiencia de apelación en el proceso judicial contra Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, acusados de ser responsables de la masacre en la que murieron el ganadero y empresario Esteban Rafael Urueta González y los trabajadores Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado. El caso, que ha conmocionado a los departamentos de Córdoba y Sucre, avanza en medio de un intenso debate jurídico.

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La audiencia, realizada entre las 9:00 a. m. y las 4:30 p. m., estuvo centrada en la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento intramural que impuso la jueza Promiscuo Municipal de Chimá el pasado 15 de noviembre. Sin embargo, los abogados defensores, Lesmer Quintero Argel y Luis Antonio González, argumentaron en favor de la libertad inmediata de sus representados, cuestionando la solidez de las pruebas en su contra.

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Argumentos de la defensa de Petro y Soto

El abogado Lesmer Quintero aseguró que no hay evidencia suficiente que respalde las acusaciones de autoría y participación en el crimen. Criticó además que las pruebas presentadas por la defensa no fueron valoradas adecuadamente por la jueza de primera instancia, calificando esta omisión como arbitraria e ilegal.

Por su parte, Luis Antonio González señaló que la decisión judicial carece de la motivación jurídica necesaria, y solicitó la anulación de la medida de aseguramiento. Según González, mantener a Petro y Soto en prisión preventiva sin una revisión exhaustiva de las pruebas sería una violación a sus derechos procesales.

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Imagen – Ganadero y sus trabajadores asesinados

En contraposición, representantes de la Fiscalía, el Ministerio Público y los abogados de las víctimas pidieron que se mantenga la medida de prisión preventivacontra Cristian Petro y Juan Soto. Argumentaron que la gravedad del caso y el riesgo de fuga justifican la permanencia de los acusados en custodia del Inpec, donde se encuentran desde su captura el 17 de octubre en Cartagena.

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La decisión final sobre la apelación se conocerá en los próximos días, y el caso continúa siendo seguido de cerca por la comunidad de Chimá, que exige justicia para las víctimas de este trágico hecho.

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