ELN mantiene en zozobra a habitantes del sur del Chocó
La situación de orden público en el sur del Chocó continúa siendo crítica debido a la constante amenaza de grupos armados ilegales, especialmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este grupo insurgente ha impuesto un paro armado indefinido desde el 11 de agosto, forzando el cierre de comercios, la suspensión de clases y la paralización total de las actividades en los municipios de Istmina, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Nóvita y Sipí. Más de 50.000 personas se han visto afectadas, muchas de las cuales no han podido acceder a servicios de salud esenciales.
Zozobra en habitantes del sur del Chocó
Según Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, este es el quinto bloqueo impuesto por los grupos armados en 2024, lo que ha intensificado el desplazamiento y confinamiento de comunidades enteras. Líderes sociales de la región, como Andrés Caicedo y Milton Moreno, han denunciado el desplazamiento de aproximadamente 300 familias y el confinamiento de muchas otras, quienes temen salir de sus hogares debido a la creciente violencia.
El conflicto en la zona se ha agudizado por la disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo, quienes buscan controlar estas áreas estratégicas. El ELN ha justificado su paro armado afirmando que es una respuesta al incremento de la presencia paramilitar en la región. A pesar de las negociaciones de paz en curso, la guerrilla ha decidido no renovar el cese al fuego con el Gobierno, lo que ha aumentado la incertidumbre y el miedo entre los habitantes del sur del Chocó.
En respuesta a esta situación, el Ejército Nacional ha desplegado aproximadamente 5.000 soldados en la región y ha intensificado los patrullajes aéreos, terrestres y fluviales. El coronel Christian Alexander Leguizamón, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, confirmó que se están realizando operativos para proteger a la población civil y retomar el control en los municipios afectados. La población, sin embargo, continúa esperando una intervención más contundente del Gobierno Nacional para garantizar su seguridad y el respeto de sus derechos.
