“Que caiga el que tenga que caer, incluso si es de Casa de Nariño”: Director UNGRD
Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), destaca la magnitud del escándalo y la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer responsabilidades.
En una entrevista reciente con Mañanas Blu y Néstor Morales, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), abordó las nuevas revelaciones y pruebas sobre el escándalo de corrupción que sacude a la entidad. Este jueves 25 de julio, el exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla serán imputados por su presunta participación en estos actos corruptos.
Corrupción en la UNGRD
Carrillo confirmó que la corrupción en la entidad ha sido corroborada por múltiples reportes y pruebas, incluidas evidencias satelitales y geo referenciadas. A pesar de las investigaciones en curso y los testimonios presentados ante la Corte Suprema de Justicia, el director señaló que aún existen aspectos del caso que no se han esclarecido por completo. “Hay detalles que no cuadran totalmente, y por eso es necesario seguir buscando para establecer la totalidad de responsabilidades en este caso de corrupción”, afirmó Carrillo.
El director de la UNGRD enfatizó la necesidad de rendir cuentas y de que los responsables enfrenten las consecuencias, sin importar su posición. “Que caiga el que tenga que caer. Yo en eso no tengo ningún lío en decirlo, si hubo gente desde la Casa de Nariño que rompió la ley, pues debe pagar. Justamente, cuando hablamos de un Gobierno del cambio, no hablamos que ese Gobierno vaya a cambiar las prácticas de la política y la clase política, porque el problema es estructural, pero sí hablamos de un Gobierno que es capaz de asumir las responsabilidades políticas y de entregar a quien tenga que entregar”, recalcó.
Criticas a la gestión anterior de la UNGRD
Carrillo también criticó la gestión anterior, indicando que López y los demás involucrados dejaron “la olla raspada”. Según el director, desde la entidad se ha intentado recuperar y gestionar lo máximo posible. Sin embargo, subrayó la necesidad de continuar con las investigaciones, sugiriendo que el escándalo involucra a más personas de las que inicialmente se pensó. “Para mí, no resulta coherente que todos los recursos y el escándalo recaiga en unos cuantos; esto es algo mucho más grande”, insistió.
En relación con la vigencia 2024, Carrillo detalló que el presupuesto fue comprometido en su totalidad antes del 28 de febrero, lo cual fue presentado por algunos como una muestra de eficacia por parte de Olmedo López. Sin embargo, Carrillo cuestionó esta narrativa, señalando que se trató de un manejo irresponsable de los recursos. “Lo que pasó con la vigencia 2024, se la comieron toda y pues cualquiera diría: ‘Oh, qué gran ejecutor Olmedo’, no, porque comprometió todo el presupuesto literalmente antes del 28 de febrero, pero nosotros hemos venido recuperando parte de ese dinero”, explicó.
Oficina Asesora Jurídica ha realizado excelente trabajo
Carrillo destacó el trabajo de su nueva oficina asesora jurídica, que ha logrado recuperar fondos de inversión colectiva que sumaban cantidades significativas de dinero. “Ahí vamos recuperando, pero sí, dejaron la olla raspada. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un barril sin fondo, porque siempre se vuelve a recargar”, especificó.
El director finalizó su intervención reiterando la importancia de continuar las investigaciones para descubrir todos los responsables y recuperar los recursos malversados. “Es fundamental seguir investigando para esclarecer completamente este caso y garantizar que los recursos se utilicen de manera adecuada en beneficio de los colombianos afectados por desastres y emergencias”, concluyó Carrillo.
Este escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres subraya la necesidad de una vigilancia constante y de mecanismos sólidos para prevenir y detectar la corrupción en todas las entidades gubernamentales. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para restaurar la confianza pública y asegurar que los recursos destinados a la gestión de riesgos y desastres se utilicen de manera efectiva y ética.