Cierre fronterizo de Panamá aumenta riesgos de salud en Urabá-Darién
La Defensoría del Pueblo, a través de su Centro de Analítica de Datos en Derechos Humanos y su Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, desarrolló un modelo analítico prospectivo sobre la vulneración de derechos humanos, ante el cierre terrestre de la frontera colombo-panameña hecho por el país centroamericano en varios pasos del Tapón del Darién.
El estudio se centró en Carepa, Necoclí, Arboletes, Turbo, San Juan de Urabá, Apartadó y San Pedro de Urabá, en Antioquia, y Acandí y Unguía, en Chocó, municipios que forman parte del Urabá-Darién, subregión que tiene alrededor de 480.000 habitantes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
De acuerdo con el modelo analítico prospectivo, si los cierres fronterizos provocaran la permanencia de un 10% a un 20% de la población migrante en la subregión del Urabá-Darién, en un lapso de seis meses a un año los municipios que tendrían un mayor incremento de esa población serían San Juan de Urabá, con 5713 (2.9%); Arboletes, con 3400 (2.0%), y San Pedro de Urabá, con 3230 (1.9%).
Los registros del Sistema Vision Web, de la Defensoría del Pueblo, revelaron que el derecho esencial a la salud ha sido uno de los más vulnerados en esa zona. Sobre la base de la información proyectada, el modelo analítico prospectivo evidencia que se podría registrar un incremento en la propagación de enfermedades y dificultades en la red hospitalaria para atenderlas.