Solución del gobierno para reducir tarifas de energías presenta incongruencias según expertos

El Ministerio de Minas y Energía ha anunciado la resolución 40225, una medida destinada a reducir las tarifas de energía para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, la implementación de esta resolución enfrenta una serie de complicaciones regulatorias que podrían impedir que se cumplan las expectativas.
La resolución establece que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) tiene un plazo de treinta días para implementar los ajustes necesarios. Estas medidas incluyen la aplicación de beneficios derivados de créditos desembolsados y la titularización de deudas por parte del Gobierno Nacional. En otras palabras, el Gobierno se comprometería a pagar las deudas que normalmente se cobrarían a los usuarios a través de sus facturas.
Sin embargo, varios expertos del sector energético advierten que estas medidas pueden no tener el impacto esperado. Esto se debe a que la transferencia de estos beneficios a las facturas no es obligatoria, ya que las compañías comercializadoras adquirieron créditos para financiar la deuda de la opción tarifaria. El Gobierno propone “convencer” a los distribuidores y comercializadores de reducir las tarifas basándose en los recursos recibidos de créditos, como los de Findeter o la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).
Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, señaló que la efectividad de esta medida depende de la materialización de la titularización de la deuda tarifaria. “Si eso se materializa, el efecto es inmediato”, afirmó Lucio. Sin embargo, la principal barrera es la necesidad de una regulación específica por parte de la Creg, que debe establecer cómo se manejaría la situación en caso de que el Estado no realice los pagos correspondientes.
Otra medida presentada en la resolución permite la renegociación de contratos bilaterales de energía entre generadores y comercializadores para el mercado regulado. Esta renegociación podría ajustar las duraciones, cantidades y precios para beneficiar a los usuarios finales o priorizar áreas especiales. No obstante, esta medida sigue siendo voluntaria.
La situación se complica aún más por la falta de quórum en la Creg, que desde el 2 de julio no puede emitir las medidas regulatorias necesarias. Esto se debe a la falta de nombramientos permanentes de comisionados, una responsabilidad que recae en la Presidencia. Actualmente, la Creg cuenta solo con tres expertos comisionados, y el encargo de uno de ellos, Manuel Peña, se vence el 11 de julio.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado han ordenado al presidente Gustavo Petro realizar los nombramientos necesarios para completar las seis posiciones de expertos de dedicación exclusiva en la Creg. Sin embargo, hasta ahora solo se ha realizado uno de los nombramientos requeridos.