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¿Si no pagas a la DIAN te vas preso? Evasores son citados por la Fiscalía

Una de las principales apuestas del Gobierno Nacional de Gustavo Petro es hacer cumplir el recaudo de impuestos y el que tiene ‘que pague’ como dice el viejo refrán.

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Ante el inmenso número de ciudadanos evasores de impuestos, la DIAN en conjunto con la Fiscalía iniciaron procesos penales en primera serie contra personas jurídicas que deben más de $25 millones, por omisión de agente retenedor, es decir, IVA, impoconsumo y retención en la fuente.

La Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian) interpuso ante la Fiscalía General de la Nación las primeras 1.200 denuncias contra aquellos colombianos que no han cumplido con el pago de impuestos.

De acuerdo con Luis Carlos Reyes, director de la Dian, los evasores que no paguen o normalicen sus procesos podrían enfrentar penas de entre 48 y 108 meses de cárcel.

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El objetivo principal, según Reyes, no es llenar las cárceles de deudores, sino que las personas tomen en serio el hecho de que estos son recursos públicos que no se pueden apropiar.

En total, de acuerdo con cifras de la entidad, hay alrededor de 321.000 contribuyentes morosos en todo el país que le deben al Estado más de $14 billones, siendo los campos en los que más se evidencian retrasos en los pagos el IVA y el impoconsumo, con $6,4 billones; y la retención en la fuente con $5,2 billones.

Pero, ¿Qué pasa si usted debe impuestos pero está en quiebra?

Consultamos al jurista Jaime Ramos, Abogado especialista en Insolvencia económica y aseguró que está puede convertirse en una especie de ‘salva vidas’ para este tipo de empresas o personas naturales, que podrían incluso ir a la cárcel.

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“Al ser la insolvencia una figura protectora del deudor, que requiere de un reconocimiento de la deuda y de conformidad al artículo 17 de la ley 1116 del 2006, existe la imposibilidad de realizar el pago de lo adeudado desde la presentación de la solicitud de admisión al proceso de reorganización, esta se configura como una causal que exime de responsabilidad, por reconocer la falta de capacidad de cumplir con la obligación legal, la imposibilidad de retribuir al Estado lo recaudado”, indicó Jaime Ramos.

El Abogado Ramos acotó, “Es claro entonces que la iniciación del proceso de insolvencia, cuyos efectos son semejantes a los de admisión a la que se refiere la Ley 550 de 1999, configura la causal de extinción de la acción penal”.

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