Nacional

Procuraduría pide proteger a población en riesgo por paro del ELN en Chocó

El pasado viernes 9 de febrero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció la implementación de un paro armado indefinido en el departamento de Chocó, a partir del sábado 10 de febrero, en respuesta a la presencia de grupos paramilitares en la región.

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 La orden fue emitida por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, que mediante un comunicado informó que el paro se llevaría a cabo en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, afectando a los habitantes de los municipios de Istmina, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Sipí y Nóvita.

En el comunicado se denuncia la presencia paramilitar en la zona, responsabilizándola de muertes de líderes y pobladores que han defendido los territorios contra el despojo y desplazamiento, sin recibir protección por parte del Estado.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha solicitado la intervención de todas las entidades del orden nacional y territorial:

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La Procuraduría General de la Nación también ha expresado su preocupación y ha llamado al Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese del fuego bilateral con el ELN para emitir alertas pertinentes y proteger a más de 27.000 personas en riesgo de confinamiento por el paro armado en Chocó.

 

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El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, ha instado al Alto Comisionado para la Paz y a la jefa de la Mesa de Negociación con el ELN a tomar medidas inmediatas para proteger los derechos humanos de la población en riesgo.

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