Compás de espera para salvar acuerdo de pasivos solicitó el gobernador
El gobernador Orlando Benítez Mora, le pidió al Ministerio de Hacienda 90 días de prórroga para realizar la Asamblea de Acreedores del acuerdo de reestructuración de pasivos de la Ley 550 del departamento de Córdoba, que quedó en suspenso por una decisión de la Superintendencia de Sociedades del 2 de junio de 2021, por el no pago de unos presuntos servicios de terapias que habría prestado Funtierra Rehabilitación IPS S.A.S.
“Son conocidas y han sido ampliamente debatidas las circunstancias que rodean los hechos que dieron origen a la facturación del servicio que cobra el prestador Funtierra Rehabilitación IPS S.A.S y que se resumen en 4 motivos que hacen inadmisible su pago e imposible cumplir la sentencia mencionada”. Dijo el mandatario cordobés.
- Por lo anterior el gobernador Orlando Benítez Mora junto a la secretaria de Hacienda Departamental, Natalia Figueroa Sotomayor y el jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación, Hernando De la Espriella Burgos, le exponen cuatro consideraciones al ministro Ricardo Bonilla para solicitar la prórroga.
La primera de ellas está relacionada con la sentencia T-563 de 2019 que revocó las tutelas que dieron origen a la prestación del servicio de terapias de neurodesarrollo a cargo de la IPS mencionada. - En segundo término, “la Procuraduría General de la Nación en las dos instancias sancionó a los exgobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile con destitución e inhabilidad de diez años por haber pagado las terapias de neurodesarrollo a diferentes I.P.S. según consta en el expediente 161-737IUS2015-407061JUC D-2015-50-813843”.
- Tercer argumento la Gobernación expuso que: “El día 22 de febrero de 2023 la Fiscalía Octava Delegada ante la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia Juicio Oral 906, formuló acusación contra los ex gobernadores Lyons y Besaile dentro del radicado 23001609910220160014301, por los mismos hechos que fueron sancionados en la Procuraduría General”.
Y finalmente, fue pueesto en conocimiento al Ministerio de Hacienda que la Contraloría General, dentro del proceso de responsabilidad fiscal No PRF-802233-064-1185, profirió auto de imputación de responsabilidad fiscal por valor de 15 mil 173 millones 212 pesos contra el ex gobernador Alejandro Lyons y los ex secretarios de Salud Departamental, Alfredo Aruachán y Alexis Gaines, también por haber pagado dichas sumas a las siguientes entidades: Fundenal I.P.S SAS, Funtierra Rehabilitación Ltda, Semillas de Esperanza I.P.S S.A.S, Unidad Integral de Terapias de la Costa I.P.S S.A.S y la Unidad Integral de Terapias U.I.T -E.A.T.
Del mismo modo, la Administración Departamental considera que aún no se ha ejecutoriado en debida forma la providencia del Consejo de Estado que revocó la medida cautelar dentro de la Acción Popular que en su oportunidad presentó el ciudadano Alberto Elías Pacheco Falon y que se tramita ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba, toda vez que contra ella se presentó un incidente de nulidad que aún no ha sido resuelto y por tanto no se ha dictado el auto de acatamiento por parte del Juez de conocimiento.
“Y si bien es cierto que dicho trámite no está llamado a cambiar la decisión, también es cierto que las partes no han sido oficialmente notificadas de ella para que se surtan todos los efectos jurídicos”, advierte la Gobernación.
Además de, se le recuerda al Minhacienda que la Gobernación de Córdoba ha emprendido una serie de acciones ante los organismos judiciales y entes de control, en defensa de su patrimonio y de la institucionalidad, que eventualmente nos señalarán al Ministerio de Hacienda y al Promotor del Acuerdo y al Departamento, el derrotero a seguir, acciones de las cuales se esperan resultados en términos relativamente cortos. “Con esto se estaría en un escenario diferente que nos permita seguir en el cumplimiento del Acuerdo con la responsabilidad y juicio con que hasta ahora hemos venido haciéndolo, salvaguardando los recursos del ente territorial al acceder a un pago que por los hechos anteriormente expuestos no es posible pagar”, se anota desde el ente territorial.
Puntualiza la Gobernación que se debe tener en cuenta que con el fin de subsanar la grave falencia de no auditar cuentas del sector salud desde el año 2012 celebró contrato con la Universidad de Cartagena para auditar toda la facturación desde dicho año y que a la fecha el contrato está vigente, ejecución que finaliza el próximo 30 de junio “y así definir con certeza qué y cuánto se le debe a los prestadores de servicios de salud incluido Funtierra I.P.S S.A.S.”, culmina señalando en su petición la Administración Departamental.
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