40 millones de colombianos podrían perder el servicio de WhatsApp, ¿por qué?
El exfiscal Néstor Humberto Martínez, en su columna del diario El Tiempo, advirtió que a través del artículo 125 aprobado en el Plan de Desarrollo, el Gobierno podría tener acceso a los mensajes de WhatsApp.
Por tal motivo, si la empresa de mensajería, por esa decisión, determina salir del país, 40 millones de colombianos se quedarían sin el servicio.
Seguidamente, el exfiscal señaló que el artículo dispone “extrañamente” que, en adelante, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) podrá requerir toda clase de informaciones “amplias y veraces”, a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones y a los que ofrezcan servicios a través de internet, de video bajo demanda, de intercambio de videos generados por usuarios provistos a través de plataformas y de servicios de intercambio interpersonal, directo o interactivo de voz, video o mensajería en línea.
Martínez explicó que lo haría esa entidad y no la Autoridad de Ciberseguridad, “en cuya creación insiste el director del Departamento Nacional de Planeación”.
De esta manera, calificó la situación como “algo muy exótico”, que técnicamente solo sería posible si los proveedores de estos servicios crearan un canal espejo para ofrecer esta información, dado que estas plataformas operan con una tecnología denominada de “encriptación asimétrica”, gracias a la cual las claves de acceso solo están en poder del emisor y del receptor.
Por si fuera poco, agregó, el artículo propuesto también le permitiría a la CRC acceder a los denominados datos de tráfico. Como los números de los teléfonos, los nombres de los abonados y la etiqueta de localización o identificador de la celda desde la cual se activa el servicio.
Asimismo el exfiscal agregó que en Colombia no pasaría nada distinto, “con lo cual 40 millones de colombianos perderían este servicio, por la arbitrariedad de una autoridad que quiere meter sus narices en la confidencialidad de las comunicaciones ciudadanas”.
Finalmente, la discusión, dice Martínez, ha girado alrededor de la tensión que surge entre el derecho a la intimidad de la ciudadanía y su defensa frente al terrorismo, lo que implica que los jueces puedan ordenar desencriptar los mensajes que circulan a través de tales aplicativos.
Tomado de : Semana
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