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La defensoría garantiza el servicio de agua potable

Las fallas en el suministro de agua vulneran los derechos de las comunidades y afectan la actividad turística, de la que dependen económicas muchas familias en esta época del año.

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“Exigimos a la empresa Aqualia Latinoamérica S.A.E.S.P. que les cumpla con el suministro de agua a los habitantes de Lorica, Purísima, Momil, Chimá, San Antero, Tuchín y San Andrés de Sotavento, en Córdoba. El acceso al agua es un derecho fundamental, se debe garantizar la cantidad mínima, de buena calidad y suficiente para la vida, la salud, la alimentación o la higiene personal y eso no se está haciendo en estos municipios, en donde la gente tiene sed”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante una reunión con la comunidad y autoridades del municipio de San Antero (Córdoba).

 

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Sin importar que en días recientes la comunidad protestó por los cortes y falta de suministro de agua, el problema se presenta desde hace meses. Incluso, el 6 de enero del 2022 la Defensoría del Pueblo envió requerimientos a las autoridades de San Antero y a la empresa Aqualia pidiendo solucionar el suministro del agua; pero la problemática se mantiene y se repite

“El acceso al agua es una condición previa fundamental para el goce de otros derechos humanos como la salud, la educación, la vivienda, la vida, el goce de un ambiente sano, el trabajo y la protección contra tratos inhumanos o degradantes. El no suministro, como sucede en estas 7 poblaciones, es una clara violación de los derechos de las comunidades y afecta además otros aspectos como la actividad turística, de la que dependen sus ingresos económicos muchas familias”, agregó Carlos Camargo.

 

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Así mismo, se le pidió que envíe ‘el Plan de Contingencia’ frente a un posible desabastecimiento de agua durante el tiempo en que se llevarán a cabo las correspondientes reparaciones a las fallas en los equipos electromecánicos encargados de impulsar el agua desde el Río Sinú hasta la planta potabilizadora del sistema de acueducto interconectado Lorica/Regional.

 

También se espera la respuesta de la empresa Aqualia Latinoamérica al requerimiento enviado por la Defensoría del Pueblo para que explique ¿qué medidas efectivas se han adoptado para garantizar el derecho humano al agua en las comunidades de los municipios afectados por la suspensión del servicio de acueducto?.

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