Al revisar la apelación de la condena, el Tribunal Superior de Bogotá decretó la nulidad de la condena y ordenó al juez que no otorgue beneficio alguno al empresario si Carlos Mattos no repara a las víctimas y que establezca realmente cuánto fue el daño, porque no es resarcible con el pago de dos millones de dólares que ofreció.
El magistrado Alberto Poveda regañó a la Fiscalía y al apoderado de la Rama Judicial como víctima, por su negligencia de no tasar bien el daño patrimonial sufrido.
“Tan aberrante resulta lo ocurrido, que tal como lo afirmó el delegado del Ministerio Público, ni siquiera se realizó un acto de investigación con el fin de establecer si el procesado obtuvo o no un incremento en su patrimonio como consecuencia de los ilícitos, impidiendo que la sociedad, en este caso representada por la Rama Judicial, recibiera la compensación por el daño causado”, dijo el magistrado de la Sala Penal.
Agregó que determinar las ganancias que obtuvo Mattos gracias a los funcionarios y empleados corruptos implica establecer el tiempo en que permaneció la medida que permitió ilegalmente la exclusividad en la venta de vehículos, la cantidad de automotores vendidos durante dicho lapso y la ganancia específica por cada automotor negociado.
La condena, dictada el 9 de mayo por un juez penal del circuito de Bogotá, había sido impuesta después de que Mattos aceptara voluntariamente los cargos antes de que comenzara el juicio.
El empresario también había sido condenado pagar una multa por 701 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos y había quedado inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 96 meses, según la Fiscalía.
