El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una acción popular que busca que los congresistas del país reintegren el pago que recibieron por concepto de gastos de representación durante la pandemia, bajo el argumento de que cumplieron su trabajo mayoritariamente de forma virtual y, por lo tanto, no tuvieron gastos en viáticos o desplazamientos.
Asimismo, la acción solicita, como medida cautelar, que se decrete la suspensión inmediata de dichos pagos a quienes sigan sesionando desde la virtualidad.
De acuerdo con Esteban Manco Pineda, abogado constitucionalista y docente de la Universidad Eafit, quien presentó la demanda, el objetivo es proteger los derechos e intereses colectivos de la moralidad administrativa y el patrimonio público que fueron, presuntamente, vulnerados por los demandados.
Argumenta que cada congresista recibe, dentro de su salario de $34 millones, alrededor de $14 millones por gastos de representación y que estos se siguieron entregando pese a las restricciones causadas por la llegada de la covid-19 para asistir al Congreso y para desarrollar trabajo en territorio.
