En el documento dirigido a la opinión pública, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría destacan que, aunque la protesta pacífica es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, los bloqueos u obstrucción a la vía pública no constituyen una expresión de la misma, asegurando que “violentan derechos y producen daños irreparables a la población”.
“Los bloqueos u obstrucciones en vía pública, cuando están acompañados de la utilización de medios ilícitos, son un delito y atentan contra los derechos humanos de toda la población colombiana; por lo tanto, los perpetradores e instigadores de estos pueden estar incursos en responsabilidad penal”, afirma el documento.
Adicionalmente, confirmaron que los funcionarios públicos que hagan parte de acciones de bloqueos podrían recibir sanciones disciplinarias y fiscales.
Por último, los órganos de control hicieron un llamado al diálogo para que las partes involucradas busquen los medios necesarios y para encontrar una salida al difícil momento que vive el país.